La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica en el caso Vega González y otros Vs. Chile, el 12 de marzo de 2024, en la cual se declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como el derecho a la integridad personal, en relación con los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.

El fallo hace referencia a la aplicación de la «media prescripción» o «prescripción gradual» por parte de la Corte Suprema de Chile en juicios penales entre 2007 y 2010. Este concepto, estipulado en el artículo 103 del Código Penal chileno, permitió la reducción significativa de las penas impuestas a los responsables de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La Corte Interamericana determinó que esta figura favoreció la impunidad y vulneró los derechos de las víctimas y sus familiares.

El Estado de Chile reconoció parcialmente su responsabilidad, admitiendo que la media prescripción vulneró los derechos a un proceso judicial justo y efectivo. Sin embargo, la Corte destacó que persisten obligaciones estatales en cuanto a investigar y sancionar adecuadamente estos crímenes, sin que se apliquen figuras que puedan atenuar las penas de manera irrisoria.

Como medidas de reparación, la Corte ordenó a Chile revisar las reducciones de penas que se derivaron de la aplicación de la media prescripción y adecuar su marco jurídico para evitar que esta figura se aplique en casos de crímenes de lesa humanidad.

Esta sentencia representa un avance crucial en la lucha por la justicia para las víctimas de la dictadura en Chile, garantizando su derecho a una reparación integral.