En una sentencia histórica, el ministro Álvaro Mesa dictó condenas de hasta 30 años para cuatro ex funcionarios del Estado, miembros de la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ejército, por su implicación en los crímenes de secuestro, tortura y apremios ilegítimos, en calidad de lesa humanidad. Estos delitos afectaron a 31 víctimas desde el golpe militar de 1973, y se centraron en el infame cuartel de la Policía de Investigaciones en Puerto Montt, reconocido como un centro de tortura.

Entre los condenados están Roberto Javier Díaz Moya y Javier Armando Olavarría Díaz, ambos de la PDI; Carlos Segundo Tapia Galleguillos, teniente en retiro de Carabineros; y Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, excapitán del Ejército. Actualmente, Tapia y Covarrubias cumplen condenas adicionales en el penal de Punta Peuco por delitos similares.

El tribunal también ordenó al fisco de Chile pagar una indemnización de $2.380 millones por daño moral a los familiares de las víctimas. Este fallo subraya un esfuerzo continuo por justicia para aquellos afectados durante el régimen militar y destaca las luchas aún vigentes en materia de derechos humanos en Chile.

Condenan a 4 ex agentes del Estado por torturas en contra de 31 víctimas

Puerto Montt. En un fallo de primera instancia, el ministro en visita Álvaro Mesa dictó condenas de hasta 30 años de cárcel para miembros en retiro de la Policía de Investigaciones (PDI), Ejército y Carabineros. Además, el fisco deberá pagar una indemnización de $2.380 millones.

A más de 50 años del golpe militar, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa, dictó condenas de primera instancia en contra de cuatro funcionarios en retiro —dos de la PDI, uno de Carabineros y otro del Ejército— por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos en contra de 31 víctimas, todos ocurridos a partir del 11 de septiembre de 1973.

En la sentencia aplicada en la causa rol N°10.858-P, el ministro designado para las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique resolvió condenar a los detectives de la Policía de Investigaciones de la época: Roberto Javier Díaz Moya, a tres penas efectivas de 10 años de presidio, en calidad de autor de los delitos consumados de secuestro simple, secuestro con grave daño y apremios ilegítimos (torturas), en carácter de lesa humanidad; y a Javier Armando Olavarría Díaz, a 10 años de presidio como autor de secuestro con grave daño, y dos penas de 9 años de presidio por secuestro y apremios ilegítimos.

Además, se sumaron condenas contra el teniente en retiro de Carabineros, Carlos Segundo Tapia Galleguillos, y el excapitán de Ejército, Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, quienes deberán cumplir 10 años y dos penas de 8 años de presidio, como autores de los delitos consumados de secuestro con grave daño, secuestro y apremios ilegítimos (torturas). Actualmente, ambos cumplen reclusión en el Penal de Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos.

En el ámbito civil, el tribunal acogió las demandas interpuestas por los afectados y condenó al fisco de Chile a pagar una indemnización total de $2.380 millones por concepto de daño moral a familiares de las víctimas, además de las costas de la causa.

Cuartel de Egaña 60

Según la investigación del ministro Mesa, estos ilícitos se cometieron principalmente en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt (Egaña 60), donde en un piso superior se realizaban interrogatorios bajo tortura, dirigidos por oficiales de inteligencia del Departamento de Inteligencia del CAJSI. En este lugar participaron el capitán del Ejército Eugenio Covarrubias Valenzuela, el teniente de Carabineros Carlos Tapia Galleguillos y el inspector de la Policía de Investigaciones Roberto Díaz Moya.

Ex Intendencia Regional

El CAJSI (Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior) estaba formado por comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden en la zona, liderado por el oficial de mayor rango, quien ejercía como jefe de Zona en Estado de Sitio. En la Región de Los Lagos, este rol fue desempeñado por el general Sergio Leigh Guzmán. En Puerto Montt, el comando operó en la Intendencia Provincial (actual Gobernación Provincial), ubicada en la calle San Martín, frente a la plaza de Armas.

Dentro de las funciones principales del CAJSI destacaban la administración y seguridad interior de su territorio, dictando bandos, ordenando investigaciones, allanamientos, detenciones, y coordinando operativos de inteligencia y logística con todas las ramas de las Fuerzas Armadas. El órgano operativo de este comando era el Centro o Servicio de Inteligencia Regional (CIRE o SIRE), cuya oficina principal se ubicaba en el segundo piso del edificio de la ex Intendencia.

El cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt contaba con una sala de interrogatorios llamada ‘La Patilla’. Desde 1974, funcionó además en una vivienda fiscal de la Fuerza Aérea de Chile en la población Antonio Varas.

Las víctimas

Las 31 víctimas tenían entre 16 y 44 años en 1973. Uno de ellos fue Bernardino Rivera Altamirano, hermano del consejero regional Manuel Rivera. Bernardino, de 29 años en aquel entonces, fue detenido en el consultorio de Puerto Varas en octubre de 1973 y trasladado al cuartel de la PDI en Puerto Montt, donde sufrió tormentos. Fue procesado por la Fiscalía Militar de Puerto Montt y recluido en la cárcel de Chin Chin. En diciembre de 1973 fue relegado a Melinka, donde debió firmar regularmente en el retén local.

La lista de personas víctimas de apremios en estas dependencias incluye a María Luisa Fernández Alderete, Bernardino Rivera Altamirano, Carlos Humberto Catepillán Guinao, Guillermo Farías Ruiz, Heriberto Santibáñez Montiel, Jaime Omar Gutiérrez González, José Teodoro Fernández González, Juan Mamerto Ruiz Barría, María Irma Alvarado Barría, Orlando Raúl Arias Muñoz, Osvaldo Rubén Contreras Mansilla, René Alberto Droppelman Añazco, Roy Roger Arismendi Soto, René Luis Gesell Gesell, Luis Andrés Donoso Naranjo, Ricardo Scheuermann Paredes, Rosa Alba Asencio Toledo, Enrique Chávez Chaura, Sigifredo Alberto Bustamante Silva, Manuel Orlando Villegas Guerrero, Ricardo Delgado Navarro, Sebastián Rodrigo Pietro Henríquez Díaz, Alberto Saúl Oyarzo Groff, Claudio Esaun Oyarzo Groff, José Tabito Ojeda Guzmán, José Germain Rain Ascencio, José Carlos Ortega Vegas, Alfredo Eduardo Cardemil Ramírez, José Héctor Rojas Leiva, José del Tránsito Uribe y Carlos Mascareña Díaz.

Fuente: Diario El Llanquihue